8 de enero de 2026: PEN International está profundamente alarmada por el continuo deterioro de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela, marcado por una nueva ola de detenciones arbitrarias, intimidación, vigilancia y censura dirigidas contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de represión que se ha intensificado en los últimos días.
El 5 de enero de 2026, al menos 14 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron detenidos temporalmente en Caracas mientras cubrían los acontecimientos relacionados con la toma de posesión de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo federal de Venezuela, y la toma de posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Las detenciones tuvieron lugar dos días después de una redada realizada antes del amanecer por tropas estadounidenses en Caracas captura Nicolás Maduro.
Según organizaciones locales e internacionales de defensa de la libertad de prensa , y informes de medios de comunicación , 13 de los detenidos estaban afiliados a medios de comunicación internacionales y uno a un medio nacional. La mayoría fueron detenidos arbitrariamente durante varias horas por las fuerzas de seguridad antes de ser puestos en libertad sin procedimientos judiciales formales, y uno de los periodistas fue posteriormente deportado. Según los informes, durante su detención, los agentes de seguridad registraron el equipo de los periodistas, les obligaron a desbloquear sus teléfonos móviles, revisaron sus comunicaciones privadas y borraron material periodístico. Las detenciones se produjeron tras otros incidentes ocurridos el 4 de enero, cuando las autoridades detuvieron temporalmente a miembros del equipo de prensa de Univision Noticias mientras informaban sobre una operación de seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Los periodistas en Venezuela enfrentan obstáculos sistemáticos en su trabajo, incluyendo detenciones arbitrarias detenciones, falta de acceso a un proceso justo, confiscación y eliminación de material periodístico, vigilancia digital y restricciones de movimiento. Muchos son objeto de acusaciones penales sin acceso a una defensa legal independiente o garantías judiciales justas, lo que refuerza un clima de miedo que afecta directamente al derecho de la ciudadanía a la información.
Estos acontecimientos recientes no pueden entenderse de forma aislada. Forman parte de un patrón más amplio patrón de represión contra periodistas, escritores, defensores de los derechos humanos y voces críticas que se ha intensificado desde las elecciones presidenciales de julio de 2024. Organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas PEN International, han documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, acoso judicial, censura y cierre de medios de comunicación, además del bloqueo de sitios web de noticias y la imposición de medidas administrativas restrictivas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido sobre violaciones persistentes y graves de la libertad de expresión en Venezuela. Desde octubre de 2025, varios periodistas han sido detenidos arbitrariamente en diferentes regiones del país, mientras que se han cerrado emisoras de radio y se han restringido aún más los medios de comunicación independientes. Estas medidas contribuyen a crear un entorno en el que los periodistas son deliberadamente silenciados u obligados a autocensurarse.
A pesar de algunos lanzamientos recientes, periodistas como Rory Branker , siguen encarcelados en Venezuela como represalia por su labor periodística. Su detención arbitraria es emblemática de la grave situación de la libertad de expresión en el país, y deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.
PEN International seguirá vigilando de cerca la evolución de la situación en Venezuela y colaborando con sus socios para documentar las violaciones contra periodistas y escritores. PEN International insta a las autoridades venezolanas a garantizarque los periodistas puedan ejercer libremente su profesión,sin temor a persecución, intimidación, vigilancia o detención arbitraria, y a liberar inmediatamente a todos los periodistas detenidos arbitrariamente por su labor periodística.
Venezuela debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales y regionales firmados y ratificados por el Estado venezolano; y autorizar una visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).